STAJ exigirá a Ministerio y Partidos Políticos una solución
urgente para el Registro Civil
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La negativa de los
Grupos parlamentarios a tramitar la proposición de Ley de reforma de la Ley
20/2011 del Registro Civil, presentada por el Partido Popular en el Congreso,
ha generado una situación de absoluta incertidumbre para los casi 5.000
funcionarios de Justicia que actualmente ocupan puestos de trabajo con
funciones de Registro Civil.
Desde STAJ seguimos sin comprender por qué los Grupos políticos se han
negado a debatir la Proposición, sin siquiera aportar una sola enmienda al
texto inicial presentado por el Gobierno a través del Partido Popular; texto
que, aunque manifiestamente mejorable, rectificaba
las peligrosas previsiones de la Ley de 2011 que, conviene recordarlo,
prevé la creación unas pocas nuevas Oficinas de Registro Civil en cada
Comunidad Autónoma, pero cerrando todos los Registros Civiles actuales eliminando
miles de puestos de trabajo en los Juzgados encargados de su llevanza. Ese
texto que, como decimos, era manifiestamente mejorable, podría haberse
enriquecido con las aportaciones del resto de Grupos mediante la presentación
de enmiendas, pero nuestros representantes políticos han renunciado a ello
impidiendo la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley.
Lamentamos que las disputas y
estrategias políticas de cara a futuros procesos electorales hayan provocado
una situación de bloqueo intolerable y por eso STAJ, en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales
representativas de Justicia, exigirá
a Ministerio y Partidos Políticos que busquen una solución pactada que además
de modernizar el Registro Civil, lo mantenga como servicio público gratuito y
cercano a la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia, manteniendo
su demarcación y estructura actuales y los Juzgados de Paz y, por tanto, con
todo el personal que actualmente ostenta funciones registrales.
Los cuatro sindicatos también
recabaremos nuevamente el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias,
pues entendemos precisa su implicación dado que los municipios, especialmente
los de menos población -que son mayoría-, se verán seriamente afectados por la
Ley de 2011, si no se rectifica.
STAJ, 19-02-2018